Como persona con una discapacidad física, sé de primera mano lo que significa enfrentarse a un entorno lleno de barreras de movilidad y accesibilidad. Mi realidad, y la de muchas otras personas en mi situación, no solo se limita a la falta de accesos físicos, sino también a la ausencia de recursos y apoyo institucional. Esta falta de asistencia me ha obligado a vivir durante más de un año en un centro especializado a más de 300 km de mi hogar, lejos de mi familia y seres queridos. A pesar de nuestros esfuerzos —incluyendo la adaptación de nuestro hogar para facilitar mi día a día—, seguimos chocando contra un muro de burocracia, discriminación y abandono por parte de las instituciones.

La Ley de Dependencia, aprobada en 2006, fue un gran avance en la teoría, un hito que prometía cambiar la vida de millones de personas en España. Esta ley reconoce el derecho a recibir asistencia personal para permitir que personas con discapacidades físicas, como yo, puedan vivir en sus hogares con la dignidad y autonomía que merecen. Sin embargo, la realidad es muy distinta. La implementación de esta ley ha sido deficiente y desigual, dependiendo en gran medida de la comunidad autónoma en la que se resida. En mi caso, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM) me negó el acceso a la asistencia personal, dejando a mi familia y a mí en una situación crítica, forzándonos a tomar medidas desesperadas para obtener el apoyo necesario.

Según el Instituto Nacional de Estadística, hay más de 1,8 millones de personas en España que requieren ayuda para las actividades básicas del día a día. De estas, alrededor del 30% no recibe ningún tipo de asistencia, un dato alarmante que refleja la ineficacia y el incumplimiento de la Ley de Dependencia. Las personas con discapacidades físicas no pedimos privilegios, sino el respeto y el cumplimiento de un derecho que ya está estipulado por ley. Nos encontramos con una discriminación estructural que perpetúa la desigualdad y nos obliga a alejarnos de nuestros hogares, de nuestras familias y de nuestras vidas para recibir cuidados en centros a cientos de kilómetros.

Mi historia no es única, y precisamente ahí radica el problema. Somos muchos los que hemos sido empujados a vivir lejos de nuestros seres queridos debido a la falta de apoyo en el hogar. Esta situación no solo afecta a quienes padecemos discapacidades físicas, sino también a nuestras familias, quienes cargan con un desgaste emocional y económico inmenso. La ley establece que la asistencia personal debe ser una opción prioritaria para garantizar una vida digna e independiente, pero esta promesa queda en papel mojado si no se implementa adecuadamente.

Es urgente que la JCCM, y todas las instituciones responsables, tomen acción inmediata para corregir estas fallas y garantizar la aplicación efectiva de la Ley de Dependencia. No podemos permitir que siga siendo una simple declaración de intenciones sin consecuencias reales. Las personas con discapacidad merecemos ser tratadas con respeto, dignidad y justicia, no como un número más en una lista de espera interminable.

Por eso, te pido que firmes esta petición. Cada firma es un paso hacia el cambio, un recordatorio para las instituciones de que no estamos dispuestos a seguir callados. Exijamos juntos que se cumpla la Ley de Dependencia, que se garantice la asistencia personal en el hogar para las personas con discapacidades físicas, y que se ponga fin a esta injusticia que nos obliga a luchar por derechos básicos. Tu apoyo puede marcar la diferencia en la vida de miles de personas que solo quieren una cosa: vivir con dignidad en sus hogares.